Ni la regulación desarrollada por la Consellería de Medio Rural en su decreto de noviembre del 2008 ni las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía de Pontevedra parecen haber servido de mucho. Pese al trabajo normativo y judicial desplegado en los últimos meses, los caballos que habitan el monte Xiabre continúan sometidos a un maltrato constante. Las imágenes que acompañan estas líneas, tomadas la semana pasada a un paso del área de Fontefría, lo demuestran. Al menos tres ejemplares de una manada que pastaba junto a los primeros aerogeneradores tenían sus patas delanteras trabadas, lo que dificulta su movilidad hasta un punto difícilmente soportable, a juzgar por los esfuerzos que los animales se veían obligados a realizar para desplazarse apenas unos metros.
Los métodos empleados por los propietarios del ganado mostrenco de Xiabre para reducir su movilidad son, fundamentalmente, dos: la clásica pexa, una tranca de madera de alrededor de medio metro de longitud fijada a una de las patas delanteras del ejemplar, y una práctica tan sencilla como deleznable, consistente en atar con una cuerda las extremidades anteriores del animal.
En teoría, el reglamento de Medio Rural contiene la suficiente contundencia como para disuadir a los dueños del ganado de proseguir con tan brutal costumbre. Las sanciones aplicables se remiten, directamente, a las leyes sobre sanidad y cuidado animal. Para empezar, se obliga a los propietarios a identificar a los caballos mediante un microchip-la normativa establece un plazo de doce meses para instalar el dispositivo- y una marca visual, que puede consistir en un botón auricular o en una pulsera colocada en una de las patas delanteras
La ausencia de una regulación que estableciese mecanismos de identificación obligatorios constituía, precisamente, el principal de los obstáculos que impedía a la Administración y a las fuerzas se seguridad -el propio Servicio de Protección de la Naturaleza, de la Guardia Civil, así lo reconoció en distintas ocasiones- localizar y sancionar a los maltratadores. La infracción de este capítulo entraña penalizaciones que oscilan entre los 3.000 y los 60.000 euros. A ellos pueden sumarse multas de hasta 6.000 euros por atentar contra la integridad del animal
Pero ni la perspectiva de una penalización económica importante ha disuadido a los propietarios de los caballos. La Fiscalía de Pontevedra, que recibió varias denuncias por este motivo tras la oleada de incendios de agosto del 2006 -en Galicia el Seprona tuvo sobre la mesa decenas de ellas- abrió una línea de investigación que, sin embargo, fue archivada alrededor de un año después. Las pesquisas, que afectaban a lugares como el monte Castrove y el Xiabre, parecían haber ejercido ese efecto preventivo, ya que las pexas comenzaron a desaparecer. Aparentemente, los dueños de los animales abandonaban su bárbaro hábito ante la posibilidad de verse frente a un tribunal. Tres ganaderos llegaron a ser interrogados. A la vista está que aquel proceso no fue suficiente.
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